La Procuraduría General de la Nación pidió a la JEP adicionar la “toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad con finalidad de explotación”, como nuevo patrón macrocriminal en el auto de reconocimiento de hechos y conductas atribuibles a miembros del antiguo Bloque Noroccidental de las FARC, que son investigados en el macrocaso 01.  

El procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, explicó que los miembros de ese bloque ejecutaron dichos secuestros con la finalidad puntual de extraer la fuerza de trabajo de las víctimas para satisfacer necesidades del grupo armado y precisó que el fenómeno ya ha sido reconocido por los comparecientes en distintos escenarios.

La Procuraduría también se pronunció frente a la violencia sexual y de género; a la especial victimización de menores de edad; a la instrumentalización de niños y adolescentes como medio de presión económica y a las imprecisiones jurídicas en las que se ha incurrido.

Para los casos de violencia sexual y de género, estableció que estos hechos se llevaron a cabo como una práctica de apropiación de cuerpos y poblaciones que ayudó a reafirmar el dominio violento de los grupos armados.

respecto a la especial victimización de menores de edad en patrones de macrocriminalidad, destacó la ya evidenciada vulneración sistemática de sus derechos fundamentales por parte del Bloque Noroccidental de las Farc.

Al respecto señaló que la JEP agrupó los casos de menores de edad víctimas de secuestros con fines extorsivos, con otros como el secuestro de adultos mayores restándoles la debida relevancia.

Para Acosta, dichos actos no fueron aislados sino parte de un patrón sistemático de conducta.

El documento revela además que al menos seis víctimas acreditadas fueron secuestradas siendo menores de edad y ocho más relataron haber sido plagiadas junto a sus hijos pequeños. Esto denota una política deliberada por el comando del BNOCC, lo cual constituye crímenes de guerra según la Corte Penal Internacional.

De otra parte, Acosta insistió en que la JEP continúa incurriendo en imprecisiones jurídicas al agrupar secuestros de civiles políticos por un lado y, por otro, los secuestros de miembros de Fuerzas Militares, incluidos los miembros de la Policía Nacional.

“Mientras no se establezca que los policías estaban participando directamente en las hostilidades, estos tenían la calidad de civiles protegidos por el DIH, y con su secuestro se vulneró el principio de distinción”, se aclara en el documento.

*Con información de Procuraduría General de la Nación